Chile y la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad

Los estudiantes y docentes de ese país reclaman “una educación como la argentina”, pero hasta el momento sólo recibieron como respuesta una brutal represión. Apoyados por diversos sectores sociales, redoblan la protesta con paro y movilización.

Desde principios de 2011, miles de estudiantes y docentes secundarios y universitarios chilenos vienen reclamando una reforma del sistema educativo, mayor financiamiento público y cambios en los requisitos de ingreso.

Jenny Assaél, investigadora del Observatorio Chileno de Políticas Educativas vincula los problemas actuales al proceso de privatización iniciado en los años 80. Las movilizaciones actuales son consideradas las más importantes desde la Revolución Pingüina de 2006.

En el país andino existe un fuerte debate sobre la institucionalidad de la educación superior, su reestructuración y la necesidad de un mayor financiamiento público.  Tras la crisis actual subyace un sistema educativo que se ha convertido en un campo de intereses económicos, con muchos sectores involucrados. Esta situación es producto de un proceso de privatización que comenzó en los años 80, en plena dictadura militar, y se consolidó por obra de los gobiernos socialdemócratas de la Concertación.

Antes de la década de los 80, el Estado chileno se hacía cargo de la educación, que en su 90 por ciento era pública. Hoy, las escuelas privadas, además de cobrar altos aranceles, tienen un sistema excluyente de elección de alumnos. Opera un Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce), que mide el aprendizaje de los estudiantes de modo estandarizado.

Se trata de un sistema absolutamente segmentado, donde los colegios privados seleccionan a los alumnos con mayor nivel sociocultural y mejor rendimiento.

Además, los medios de comunicación chilenos promueven una fuerte campaña de prensa, cuyo objetivo es desprestigiar a los establecimientos públicos.

Según Assaél, la consecuencia de este sistema es que se pierde la democracia de lo público. “Lo interesante es poder compartir con otro distinto de mí; en general, el aprendizaje se produce cuando hay heterogeneidad”, dijo Assaél.

Hasta 1990, Chile tenía alrededor del 75 por ciento de educación pública. Actualmente, sólo se registra un 37 y se prevé es siga bajando en más de un 10 por ciento.

Un día antes de dejar su cargo, el dictador Augusto Pinochet promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) para consolidar el proceso de privatización iniciado en los ’80. En 2009, tras las grandes movilizaciones estudiantiles, se hizo una reforma y la LOCE fue reemplazada por la Ley General de Educación (LGE), que, según Assaél,  terminó “siendo una ley peor que la anterior”.

Luego se sancionaron nuevas leyes complementarias, que clasifican a los colegios de acuerdo con sus rendimientos: otra vez la lógica de mercado para regular a través del premio, el castigo y el incentivo.

La especialista afirmó que “en Chile no existe educación superior gratuita”. Ocurre que las universidades públicas tienen que autofinanciarse, a través de la matrícula y aranceles que pagan los alumnos. Es cierto que hay un porcentaje de alumnos que reciben becas, pero es muy bajo.

Las universidades todavía reciben ciertos fondos públicos, pero éstos sólo permiten financiamientos básicos del 20 por ciento. Por tanto, las instituciones tienen que autofinanciarse, y lo hacen a través de la matrícula y los aranceles a los alumnos.

Los establecimiento públicos siguen siendo las más prestigiosos, pero allí no llegan los sectores populares, o los medios bajos, porque deben pagar un promedio de 5.500 dólares para costear cada ciclo lectivo.

En las manifestaciones, los estudiantes exhibían carteles con la leyenda “queremos una educación como la argentina”. Los jóvenes reclaman un sistema educativo público, gratuito y de calidad.

“Es increíble que los estudiantes de ese país quieran que la educación se parezca a la de acá cuando nos hemos cansado de escuchar que Chile era el modelo a seguir”, enfatizó la diputada nacional por el Frente para la Victoria y ex ministra de Educación bonaerense, Adriana Puiggrós.

La respuesta del gobierno del derechista Sebastián Piñera ante el reclamo ha sido una brutal represión con más de 800 detenidos y la criminalización de alumnos y docentes.

Sin embargo, la lucha sigue en pie. Los estudiantes chilenos ratificaron, junto a diversos actores sociales, la convocatoria a un paro nacional para este martes, con una manifestación por la principal arteria vial de Santiago, la Alameda.

“Esto es una demostración del apoyo que tiene nuestras demandas en la ciudadanía, pero también un emplazamiento al Gobierno a que entre en razón y dé una respuesta favorable a las demandas que se han levantado”, señaló en rueda de prensa Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

El respaldo excede incluso las fronteras del país trasandino. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encabeza “un plan de apoyo y solidaridad”, que incluye el envío de una delegación para participar de la marcha de este martes.

08/08/2011